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| Francisco Dominguez Brito |
Por
Pedro Cabiya y Orbis Beltré
Estimado Procurador General de la República:
El papel de gilipollas, de palurdo, de zángano, de mentecato, de totón y de retrasado mental es uno de los más difíciles de interpretar, ya sea en las tablas de un teatro o en un set cinematográfico. Tom Hanks alcanzó altas cotas con su encarnación de Forrest Gump, al igual que Dustin Hoffman con su Rainman. Muy anteriormente, Peter Sellers ya había cosechado la gloria con su personaje de Chance en Being There, lo cual no podemos afirmar de Sean Penn en I Am Sam, película en la cual exageró su actuación logrando solo frangollar una olvidable caricatura. Acaso podríamos ampliar nuestro marco de referencia para incluir a Sloth, el tarado desfigurado en The Goonies, pero no hace falta. Todos ellos comparten el rasgo común que nos interesa discutir aquí: la inocencia. El candor. La puericia.
…el caso de Félix Bautista no fue más que una chicana jurídica…
Ninguno de los personajes arriba mencionados sabe la hora que es. Habitan un perpetuo estado mental y espiritual de bendita ignorancia. “Confunden el culo con las témporas”, como dijo Gabriel García Márquez, están en el aire, en babia, papando moscas, comiéndose los mocos. Sus aportes a los eventos en los que se insertan son accidentales. No es un cachú darle cuerpo a la enrevesada psicología de un zopenco, no señor… Pero a pesar de las obvias dificultades y escollos que ofrece la interpretación de este tipo de personajes, los que suscribimos esta carta abierta coincidimos en que usted se ha llevado la palma.
Por favor: no nos mande la fuerza pública a nuestras casas, no ordene nuestro arresto, no nos ponga a barrer la Plaza de la Bandera. No estamos diciendo que es usted un lelo, un badulaque, un tarugo o un imbécil, al revés: entendemos que es usted un letrado hábil, un intelectual profundo, un estratega frío, un ajedrecista despiadado y un legista astuto… ¡La enhorabuena se la damos por lo bien que sabe aparentar lo contrario!
¡Qué bien lo ha hecho y lo hace! ¡Cualquiera lo compra!
Hemos visto su lastimero plañir, sus lamentaciones, sus golpes de pecho, la rasgadura de sus vestidos y otras pantomimas de la resignación, y apenas podemos contener nuestro asombro. Ha perdido la confianza en el poder judicial, dice, no puede creer que hayan descargado a Félix Bautista, se siente impotente ante el imperio de la corrupción, usted se aboca a combatirlo pero, ¿qué se le va a hacer? Está maniatado, desamparado, amordazado. ¡Cuánta injusticia! En los ojos de quienes escuchan sus sollozos asoman gruesos lagrimones. Los despistados se compadecen, se solidarizan con su lucha incansable contra la malversación pública, lo tienen colgado del alma.
Nosotros no.
Nos permitiremos ahora explicarle por qué, a usted y a todo lector y lectora que comparta esta misiva, que está abierta a quien quiera leerla en pro de su edificación como ciudadano y ciudadana pensante de una democracia moderna. Por otra parte, nuestra teoría no es difícil de concebir y mucho menos de dilucidar. Creemos que ni siquiera es muy original; sin duda versiones de ella ya se incuban en las cabezas de los más despiertos en nuestro territorio.
En Derecho no debe esperarse nada bueno del azar…
Entendemos, señor procurador, que el caso de Félix Bautista no fue más que una chicana jurídica en la que usted, como jefe del Ministerio Público, estuvo dispuesto a hacer el papel de corderillo sacrificial. El artículo 146 párrafo 3 de la Constitución dominicana le allana el camino en la investigación al Ministerio Público en materia de corrupción pública, sí, pero toda prueba que no cumpla el debido proceso, conforme al artículo 69 numeral 8 de la Constitución, no es gananciosa en un juicio preliminar. Y eso es lo que ha sucedido; no es que las pruebas contra el encartado no puedan sostenerse y demostrar un hecho punible en un juicio de fondo; es que no cumplen el debido proceso, la formalidad, lo cual mueve a considerar la posibilidad de que haya sido pensado así a priori para que fuera este el resultado… A menos que se nos pida creer lo imposible: que el Ministerio que usted dirige, y usted mismo, son tan incompetentes que apoderaron a los tribunales de un expediente chapucero.
Y algo por el estilo debimos empezar a sospechar con el primer sometimiento, cuando la Procuraduría depositó el expediente rayando la hora de cierre, y no lo aceptaron porque debía haber sido presentado por triplicado. Algunos dirán que somos paranoicos, pero ¿no conocían ese requisito usted o sus subalternos?
Tampoco nos queda muy claro por qué usted no pidió la inhibición del juez Alejandro Moscoso Segarra en aquella inicial ocasión. Es muy curioso. En Derecho no debe esperarse nada bueno del azar; en Derecho no debe presumirse que nuestro interlocutor actuará con sensatez; en Derecho debemos provocar que las cosas resulten como deseamos que resulten. Moralmente podríamos condenar a Moscoso Segarra por no inhibirse voluntariamente. Sin embargo, desde la ética de la abogacía, la condena cae y recae contra usted, señor Procurador, por no accionar la inhibición de un funcionario judicial cuya imparcialidad usted, con todo el sentido común que se espera de un funcionario de su calibre y proclamado compromiso social, debió haber puesto en tela de juicio. La sospecha de la parcialidad de Moscoso Segarra se materializa a la larga aquel día en que, iracundo, Félix Bautista lo pone a usted como chupeta desde el banquillo de los acusados, delante de un indiferente Moscoso Segarra que, al serle cuestionada esa indiferencia ante el comportamiento furibundo, irrespetuoso y fuera de lugar del acusado en el tribunal que preside, responde con un error contextual: “El acusado tiene derecho a defenderse”.
No. Usted no le solicitó la inhibición a Moscoso Segarra. Otras organizaciones sí lo hicieron, en vano. La Procuraduría prefirió el silencio. La Procuraduría, pudiendo hacerlo, ni siquiera recusó a Moscoso Segarra, lo cual es aun más espeluznante, si se puede, puesto que solo la Procuraduría podía iniciar ese proceso y forzar el retiro de un juez ante la sospecha de su imparcialidad y prejuicio.
¿Había tal sospecha de imparcialidad? La había. ¿Existían vínculos afectivos, emocionales, sentimentales y de amistad que lo vinculaban con el caso? Indiscutiblemente. Usted entenderá, por lo tanto, nuestra perplejidad cuando lo vemos lamentarse ante el país por un resultado que usted mismo no movió un dedo para evitar, pudiendo haberlo hecho. Quien no impide la realización de un hecho inminente, estando en capacidad de impedirlo, ¿no es acaso cómplice de su realización?
¿Habrá sido un desliz? ¿Un error inocente? Nadie sabe, pero es inquietante ver que la charada vuelve a repetirse: Mariana Daneira García Castillo, esposa de su ayudante, Juan Arístides Madera Arias, es designada como la quinta jueza que decidiría la apelación del caso contra Félix Bautista. ¿A ninguna de la partes se le pasó por el magín que esto era a todas luces una impropiedad bestial?
No todo lo legal es justo, se quejó alguna vez Abraham Lincoln…
La palabra incesto acude a la imaginación. ¿Qué orgía es la que se ha organizado aquí? ¿Es que era absolutamente imposible designar a otra persona? ¿Debemos entender que en todo el territorio nacional no existía otro juez o jueza capacitada para esa labor y que debieron hacer de tripas corazones designando a la esposa de su ayudante personal? Lo mismo aplica para esta jueza lo que para Moscoso Segarra, puesto que, sea a favor o en contra de una de las partes, lo natural y más sensato hubiera sido que se recusara. Y esto debió ser así porque, utilizando la envidiable frase de la abogada Mary Álvarez Lam, “en presencia de tanta parcialidad lo justo es poco probable.”
¿Acaso debemos achacar todas estas oportunidades perdidas a la incompetencia? Usted desperdicia uno tras otro los recursos disponibles para obtener el resultado judicial que espera la sociedad, no hace nada por impedir que prospere la apariencia de impropiedad… ¿y luego llora porque el fallo no salió como usted deseaba?
Estos tropiezos suyos son demasiado recurrentes como para ser descartados como insignificantes. De hecho, han ido formando un patrón. Nos recuerda la abogada y activista Elizabeth Mateo, con su puntual y esquemática pasión: “Miren el caso OISOE. El Ministerio Público nunca solicitó prisión preventiva contra José Florencio ni Miguel Pimentel Kareh, pero la víctima sí. Obviamente el juez la rechaza porque el Ministerio Público es quien debe solicitarla”. No nos queda sino preguntar: ¿por qué no la solicitó?
Señor Procurador, somos de esas personas que no pueden desenchufar el cerebro, con lo cual, necesariamente tenemos que finalmente formular una pregunta general para ahorrarle, y ahorrarnos, la andanada de cuestionamientos en cada particular: ¿Sabe o no sabe usted lo que está haciendo? Ninguna posible respuesta a esta pregunta es halagüeña, porque si no sabe, quítese, y si sabe… bueeeeh…
La magistrada Miriam Germán generosamente se decanta por la primera alternativa, y lo ha dicho más claro que nosotros: “La posición de un juez no es cómoda, aunque se ame el oficio, y dependiendo de cómo se maneje el acusador, a veces (y no digo que este sea el caso), uno se ve en la obligación de tomar decisiones que pueden no gustarnos, las cuales pueden ser el fruto del manejo descuidado e impreciso del acusador en asuntos que está llamado a saber”.
Nos gustó esa frase: Asuntos que está llamado a saber.
Según la jueza, la acusación contra Bautista y otros “reúne una enorme cantidad de fojas, pero gran parte es una enumeración de bienes, se descuida el análisis del tipo penal y el encuadre de este en los hechos atribuidos a los procesados.” ¡Y esta letrada (al igual que Esther Agelán Casasnovas) emitió un voto disidente!
Alejandro Moscoso Segarra, ese mismo que dictó el primer “no ha lugar” a favor de Félix Bautista, actuó apegado a la filosofía del Derecho Procesal Penal. No quiere esto significar que el encartado, o sea, Félix Bautista, fuera y sea inocente de los hechos que se presume cometió. No todo lo legal es justo, se quejó alguna vez Abraham Lincoln cuando tuvo que firmar una orden de desalojo contra una viuda que había perdido su casa hipotecada. Pero la abogacía no es hablar fuerte ni hacer teatro ni gesticular ni mesarse los cabellos ni lamentarse ni hacerle chembita al país delante de las cámaras de televisión; la abogacía, el Derecho, se llama, así con mayúsculas, PROCEDIMIENTO. Y proceder conforme al debido proceso, eso fue lo que como ACUSADOR no hizo usted, señor Procurador, a pesar de ser un abogado veterano.
¿Cómo podemos entender esto? ¿A quién le cabe en la cabeza?
Todo el que tronó contra Moscoso Segarra debería disculparse públicamente…
Es bueno siempre dudar, claro que sí, pero nos sentimos en la obligación de insistir en la tesis de que todo esto se trató de una emboscada contra la sociedad, principalmente, repetimos, porque nos rehusamos a creer que usted sea un sangalolo que no sabía lo que estaba haciendo. Todo el que tronó contra Moscoso Segarra debería disculparse públicamente; nosotros hoy lo hacemos, no porque él sea una buena persona, no porque él no sea parte del circo, de la mojiganga, del sainete, de la chicana jurídica, sino porque como juez decidió en consonancia con la ley, y así debe ser, aunque la justicia resulte burlada tal y como ha sucedido.
Señor Procurador, no creemos que usted necesite que le recordemos lo siguiente, y si lo ponemos aquí es para beneficio de quienes, aparte de usted, leen esta carta: El derecho hoy se prescribe, no en el criterio de la “íntima convicción”, sino en la “sana crítica”. Y eso nadie lo sabe mejor que usted. La íntima convicción habría condenado a Félix Bautista, porque es muy evidente que este señor tiene una riqueza que no puede explicar. Recordemos que uno de los encartados en el caso del intento de asesinato de la ingeniera Francina Hungría Hernández fue, a pesar de figurar en el vídeo y de ser visto en el vídeo cometiendo el hecho, liberado de manera pura y simple y mandado a su casa. ¿Por qué? Porque dicho vídeo que se presentó como prueba que lo incriminaba, no fue obtenido por orden expresa de un juez, por lo que su legalidad no lo convertía en elemento de prueba, no obstante verse en la fílmica al presunto criminal. De ahí que desde la ley 76-02 que instituyó la legislación procesal luego de la reforma judicial de 1997, se escuche muy seguido, entre las personas que no tienen conocimiento del derecho, eso de que “hoy la justicia favorece a los delincuentes”.
Pero no.
El problema no es la Constitución ni el Código Procesal Penal.
El problema no es el Tribunal Supremo de Justicia ni los jueces que deciden los casos… al menos no completamente.
El problema lo constituye el Ministerio Público, que está integrado por políticos antes que por juristas; por adeptos a los intereses de un partido antes que por adeptos a los intereses de la sociedad.
El problema es usted.
