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| Orbis Beltré |
Por Orbis Beltré
A raíz de la
reciente sentencia de una corte internacional contra el Estado dominicano, que
lo condena por violación de los derechos humanos en perjuicio de
nacionales haitianos o de dominicanos descendientes de haitianos, un amigo
nacionalista se pregunta por qué Bahamas y otras islas del caribe que deportan
haitianos no corren la misma suerte que República Dominicana.
Esta es mi contestación:
A Bahamas y las demás islas que hacen deportaciones masivas de haitianos que carecen de un estatus migratorio legal no las condenan, tal vez porque allí los gobiernos se respetan, tal vez porque allí las autoridades tienen un inclaudicable respeto hacia sus constituciones y sus leyes, tal vez porque allí no hay empresarios que promueven la inmigración ilegal haitiana buscando agrandar sus riquezas a base del empleo de mano de obra barata.
A esas islas no las condenan, tal vez porque allí no ha habido políticos que se hayan atrevido como aquí, a cedular ilegalmente a miles de haitianos para que voten por un candidato presidencial, como tantas veces hicieron Balaguer y sus rémoras.
A esas islas no las condenan, porque ellos no tienen unas Fuerzas Armadas que durante 50 años hayan estado exigiendo sobornos a inmigrantes haitianos para dejarlos entrar en sus países y el gobierno se hace el loco.
A esas islas no las condenan, tal vez porque allí las oficialías civiles no funcionan con "bucones" que registran actas de nacimientos y las venden al mejor postor mientras el gobierno se hace el ciego.
A esas islas no las condenan, tal vez porque allí no hay legisladores por los que el pueblo vota en cada elecciones, a pesar de ser confesos traficantes de inmigrantes ilegales, como es el caso del diputado por La Vega, Radhamés Ramos García.
A esas islas no las condenan, tal vez porque allí no hay una Cancillería que nombra cónsul a un reconocido traficante de inmigrantes ilegales, como hizo la Cancillería dominicana, con el recién designado diplomático en Haití, Andrés Boció Fortuna.
Todos los haitianos que haya ilegalmente inscritos el nuestro registro civil, no lo consiguieron a punta de pistola, sino que fueron registrados como dominicanos por la irresponsabilidad del Estado dominicano, que se hace representar por lacras que no tienen en sus vidas otro criterio que no sea "el dame lo mío". ¿O acaso no fue el Estado dominicano, que distinguió y declaró oficialmente como "Padre de la Democracia dominicana", a aquel Joaquín Balaguer que instituyó en la cosa pública, el macuteo?
Todos los haitianos que cada día entran ilegalmente a nuestro país, es muy probable que hayan pagado un soborno a nuestras autoridades, y el Gobierno muy bien gracias.
Todos los haitianos que están pidiendo limosnas en las principales avenidas de nuestro país, son muy probablemente parte de una red lucrativa que el Gobierno dominicano no enfrenta porque los accionistas de tal son socios suyos.
A Bahamas y las demás islas del Caribe que deportan haitianos sin estatus migratorio legal no las condenan, tal vez porque allí hay unos pueblos coherentes, que igualmente eligen como sus representantes a autoridades coherentes.
Aquí el problema no es la presencia de cientos de miles o de millones de haitianos sin estatus migratorio legal, sino la terquedad de un pueblo que está resuelto a matar la culebra por la cola. Por eso no le merecemos confianza a la comunidad internacional; por eso no le merecemos respeto a la judicatura internacional; por eso nos condenarán siempre, incluso cuando en nuestra contra lo que haya sean dudas y no pruebas que nos incriminen como Estado violador de derechos fundamentales en perjuicio de seres humanos.
Esta es mi contestación:
A Bahamas y las demás islas que hacen deportaciones masivas de haitianos que carecen de un estatus migratorio legal no las condenan, tal vez porque allí los gobiernos se respetan, tal vez porque allí las autoridades tienen un inclaudicable respeto hacia sus constituciones y sus leyes, tal vez porque allí no hay empresarios que promueven la inmigración ilegal haitiana buscando agrandar sus riquezas a base del empleo de mano de obra barata.
A esas islas no las condenan, tal vez porque allí no ha habido políticos que se hayan atrevido como aquí, a cedular ilegalmente a miles de haitianos para que voten por un candidato presidencial, como tantas veces hicieron Balaguer y sus rémoras.
A esas islas no las condenan, porque ellos no tienen unas Fuerzas Armadas que durante 50 años hayan estado exigiendo sobornos a inmigrantes haitianos para dejarlos entrar en sus países y el gobierno se hace el loco.
A esas islas no las condenan, tal vez porque allí las oficialías civiles no funcionan con "bucones" que registran actas de nacimientos y las venden al mejor postor mientras el gobierno se hace el ciego.
A esas islas no las condenan, tal vez porque allí no hay legisladores por los que el pueblo vota en cada elecciones, a pesar de ser confesos traficantes de inmigrantes ilegales, como es el caso del diputado por La Vega, Radhamés Ramos García.
A esas islas no las condenan, tal vez porque allí no hay una Cancillería que nombra cónsul a un reconocido traficante de inmigrantes ilegales, como hizo la Cancillería dominicana, con el recién designado diplomático en Haití, Andrés Boció Fortuna.
Todos los haitianos que haya ilegalmente inscritos el nuestro registro civil, no lo consiguieron a punta de pistola, sino que fueron registrados como dominicanos por la irresponsabilidad del Estado dominicano, que se hace representar por lacras que no tienen en sus vidas otro criterio que no sea "el dame lo mío". ¿O acaso no fue el Estado dominicano, que distinguió y declaró oficialmente como "Padre de la Democracia dominicana", a aquel Joaquín Balaguer que instituyó en la cosa pública, el macuteo?
Todos los haitianos que cada día entran ilegalmente a nuestro país, es muy probable que hayan pagado un soborno a nuestras autoridades, y el Gobierno muy bien gracias.
Todos los haitianos que están pidiendo limosnas en las principales avenidas de nuestro país, son muy probablemente parte de una red lucrativa que el Gobierno dominicano no enfrenta porque los accionistas de tal son socios suyos.
A Bahamas y las demás islas del Caribe que deportan haitianos sin estatus migratorio legal no las condenan, tal vez porque allí hay unos pueblos coherentes, que igualmente eligen como sus representantes a autoridades coherentes.
Aquí el problema no es la presencia de cientos de miles o de millones de haitianos sin estatus migratorio legal, sino la terquedad de un pueblo que está resuelto a matar la culebra por la cola. Por eso no le merecemos confianza a la comunidad internacional; por eso no le merecemos respeto a la judicatura internacional; por eso nos condenarán siempre, incluso cuando en nuestra contra lo que haya sean dudas y no pruebas que nos incriminen como Estado violador de derechos fundamentales en perjuicio de seres humanos.
