El garantismo del Código Procesal Penal dominicano no es el problema

Orbis Beltré

Por Orbis Beltré

Cada día el Código Procesal Penal dominicano es objeto de fuertes críticas, y lo más penoso, de parte de ciudadanos con vastísima formación académica, incluidos legisladores, ministros, oficiales superiores de la Policía Nacional, y qué sorpresa, de parte hasta de abogados.

Le objetan a nuestro Código Procesal Penal, que sea tan garantista; lo acusan de ser garantista, como si eso fuera malo. Pues a ustedes les digo, que el Código Procesal Penal dominicano debió ser exactamente como lo es ahora, desde el día que República Dominicana se hizo signataria de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el 10 de diciembre de 1948.

El Código Procesal Penal dominicano entró en vigencia como legislación garantista, con 55 años de retraso.

Y fueron 55 años usados por Trujillo, por el Consejo de Estado, por el Triunvirato, por Balaguer, por Jorge Blanco, por Leonel Fernández y por Hipólito Mejía, para vulnerar los derechos humanos y fundamentales de miles de ciudadanos, que como consecuencia de las torturas a las que fueron sometidos quedaron marcados con lesiones permanentes, mientras que otros fueron brutalmente asesinados o desaparecidos, como si se los hubiera tragado la tierra.

Y parece ser que también olvidan los críticos del garantismo de nuestra legislación procesal penal, el famoso “tránquenlo” que ponía tras las rejas por tiempo indefinido a cualquier ciudadano, sin ningún motivo mayor que el capricho de un alcalde pedáneo, de un policía, de un militar, de un político o de un “tú no sabes quién soy yo” como el sobrino de Monchy, el que se comió y luego vomitó a un AMET, en Santiago de los Caballeros.

Y parece ser que también olvidan los críticos del garantismo de nuestra legislación procesal penal, el abusivo “pollo negro” que le hacían a cualquier ciudadano en cualquier cuartel policial o militar, por motivos tan justificados como el “caerle mal” a un jefe, o a la amante de un jefe, al hijo de un jefe o simplemente, porque había que darle entrenamiento al policía o militar novato que no tenía en su record de comportamiento eficiente, el haber dado una buena pela con un chucho de alambre.

Nuestra legislación procesal penal es muy garantista, se quejan, pero aún así, las ejecuciones extrajudiciales que la Policía Nacional aplica contra ciudadanos que cada día caen en supuestos intercambios de disparos, suman miles desde el año 2003 hasta hoy.

¿Podrían estos críticos explicarle a la familia de William de Jesús Checo y a la familia de Cecilio Díaz, supuestamente vinculados al caso “Baldera Gómez”, que fueron apresados por la Policía Nacional y luego asesinados, por qué es un peligro el garantismo del Código Procesal Penal dominicano?

¿Podrían estos críticos explicarle a la familia de Ramón Antonio Pérez Mejía (Chepe), el mecánico que la Policía Nacional hirió mortalmente en Baní, porque confundió su carro con el carro de un supuesto delincuente, por qué es un peligro el garantismo del Código Procesal Penal dominicano?

¿Podrían estos críticos explicarle a la familia de Rubén Darío Díaz Pimentel, el taxista que cayó abatido tras una balacera que la Policía Nacional de manera injustificable e irresponsable inició en Baní, por qué es un peligro el garantismo del Código Procesal Penal dominicano?

¿Podrían estos críticos explicarle a la familia de Juan Almonte, el ciudadano que la Policía Nacional desapareció porque sí, por qué es un peligro el garantismo del Código Procesal Penal dominicano?

A todo esto se suma que las cárceles dominicanas están llenas; las cárceles dominicanas están desbordadas de presos. Las más de 30 cárceles del sistema penitenciario dominicano actualmente albergan en promedio más del doble de la cantidad de presos para las que fueron construidas. 

¿Y si no fuera garantista el Código Procesal Penal dominicano?

El problema no es el garantismo del Código Procesal Penal dominicano, el problema son nuestras autoridades, específicamente la Policía Nacional y el Ministerio Público, dos organismos, el primero, con una formación trujillista a la que no quiere renunciar, y el segundo, una cueva de mañosos, la mayoría designados como fiscales para proteger a los corruptos que desfalcan el Estado, o como un regalo por favoritismos politiqueros, cargo que asumen sin ningún otro criterio que no sea el de "buscarme lo mío".