El Estado dominicano: cómplice de la violencia de género y del feminicidio!

Por Orbis Beltré (Marzo de 2014)

La República Dominicana es, ante la mujer, un Estado abusador. Para muestra, empecemos con este dato: a la mujer dominicana, a pesar de representar la mitad de la población y de haber sido, desde la fundación de la República, una protagonista activa en los acontecimientos ideológicos, bélicos, económicos, sociales y culturales más importantes que nos han formado como nación, solo se le reconoce una cuota de representación del 33 % en los partidos políticos.

Tristemente, salvo por breves y excepcionales momentos, nuestro país ha sido dirigido por peligrosos delincuentes desde los tiempos del santanismo y el baecismo hasta los días del balaguerismo y el peledeísmo. Tal vez esto explique el vergonzoso nivel de conciencia que tenemos como sociedad y por qué estamos tan lejos de cumplir con las metas del milenio —especialmente su tercer objetivo—, trazadas por la ONU en el año 2000 con proyección al 2015. Hago este preámbulo para encaminarme hacia la indignación que motiva estas líneas.

El 25 de noviembre de 1960, nuestro pueblo, azotado por una desenfrenada psicosis de perversidad, vio derramarse la sangre de tres ilustres mujeres en cuyo honor se conmemora hoy el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Este vil asesinato fue, sin duda, el detonante que aceleró la caída de la dictadura trujillista el 30 de mayo de 1961.

Aquella sangrienta tiranía que el 25 de noviembre de 1960 sumó a las hermanas Mirabal a su estadística de muerte llegó a su fin seis meses después. Ya sin Trujillo en el escenario, en el verano de 1962 fueron llevados a juicio los autores materiales del crimen. Dichos asesinos fueron condenados a penas de 20 y 30 años de prisión. Sin embargo, aunque parezca increíble, el Estado dominicano se confabuló como de costumbre con la impunidad y estos criminales no llegaron a cumplir ni dos años en prisión: en los primeros meses de 1965 todos fueron sacados de la cárcel y ningún gobierno posterior se interesó jamás en perseguirlos para que cumplieran sus condenas.

Quiero destacar la dimensión de las hermanas Mirabal, cuyo encumbrado valor en la lucha por la libertad y el respeto a la dignidad humana las coloca en el altar más sagrado de nuestra historia, dejándonos claro que eran mujeres de una estirpe excepcional. Por el contrario, la impunidad otorgada a sus asesinos constituye una mancha indeleble en la democracia dominicana, una mancha que el Estado se ha encargado de agrandar día tras día.

Ante fechas como el 25 de noviembre o el 8 de marzo, nuestra sociedad debería llorar no por pena, sino por complicidad y culpa. Complicidad y culpa porque, frente a las amenazas contra la honra y el bienestar de la mujer, hemos sido excesivamente tolerantes.

Es doloroso admitirlo, pero los datos no mienten: entre 2005 y diciembre de 2013, el Estado dominicano presenció el asesinato por feminicidio de 923 mujeres, ante lo cual su único rol ha sido apresar a algunos de los agresores, juzgarlos y sentarse a esperar la próxima víctima. En lo que va del presente año —que apenas agota su segundo mes— la cuenta ya supera las 14 mujeres asesinadas a manos de hombres, bajo el amparo de un «dejar hacer, dejar pasar» alimentado por nuestra cultura patriarcal.

¿Qué es la República Dominicana ante la mujer? Es un Estado indolente, apático, morboso y desconsiderado en extremo.

No quiero extender demasiado estas líneas, sino lograr que el lector comprenda la razón de mi indignación contra el Estado y la actitud de sus autoridades ante esta escalofriante realidad.

¿Qué relación existe entre las hermanas Mirabal y Edith Gómez? Una sola: la impunidad que el sistema político garantiza en este país a los delincuentes de Estado.

Observen a este personaje: un alto dirigente del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), aliado al partido de Gobierno, el Partido de la Liberación Dominicana (PLD). Ha sido funcionario público en distintas administraciones de los tres partidos tradicionales y presidió por años la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana.

Su nombre es Leonardo Matos Berrido, un vulgar asesino de mujeres. El 31 de octubre de 1982, este político ultimó de varios disparos a su entonces esposa, Edith Gómez, de origen peruano.

Los celos lo llevaron a cometer el crimen con total alevosía: ubicó el vehículo de su víctima, le desinfló los neumáticos y esperó escondido. Cuando ella regresó e intentó solucionar el problema, aprovechó la indefensión para asesinarla a balazos. Luego pretendió justificarse alegando sospechas de infidelidad, como si eso —aun de haber sido cierto— le facultara para arrebatarle la vida a un ser humano, a la madre de sus propias hijas.

¡Respire profundo!

Este sujeto no solo evadió una condena ejemplar por tan vergonzoso hecho, sino que continuó su carrera como alto dirigente político y figura pública, ocupando diversos cargos en la administración del Estado. Hoy se le exhibe en recepciones de alta alcurnia como un «señor de buenas costumbres» ante los medios de comunicación.

Además, tras su historial violento, se benefició de la función pública al punto de asignarse una pensión estatal millonaria que pagamos todos con nuestros impuestos, mientras mantiene el favor y aprecio de gobiernos y funcionarios corruptos.

Por eso y por mucho más, cuando escucho al Gobierno discursar sobre la necesidad de «rescatar los valores morales», mientras entre abrazos, aplausos y alianzas políticas se cobija con figuras como Leonardo Matos Berrido, me embarga la indignación y me pregunto: ¿acaso las autoridades están convencidas de que este pueblo carece de memoria?