Estado laico y fe financiada: la inconstitucionalidad de los privilegios religiosos

Orbis Beltré

Por Orbis Beltré

La Constitución dominicana no establece un Estado teocrático ni se identifica con confesión religiosa alguna. Al contrario, en su artículo 45 sienta las bases jurídicas para evitar que la autoridad pública desvíe o erogue fondos del tesoro nacional en beneficio de iglesia o entidad confesional determinada. La fe en lo divino es un asunto de convicción personal y no debe vincularse al gasto público, mucho menos cuando se sostiene con el dinero de los contribuyentes.

En la República Dominicana conviven católicos, evangélicos, musulmanes, budistas, hinduistas, taoístas, espiritistas y practicantes de diversas corrientes de pensamiento, así como personas ateas y agnósticas. Ningún grupo debe pretender que el Estado financie su credo o postura filosófica. Semejante pretensión no solo vulnera el artículo 45 constitucional, sino también el artículo 39 (sobre el Derecho a la igualdad), en cuyo numeral 1 condena todo privilegio o situación que tienda a quebrantar la igualdad entre dominicanas y dominicanos.

Resulta sorprendente que ciertos sectores de la comunidad evangélica —de cuya integridad no se duda—, en lugar de cuestionar el inconstitucional Concordato entre el Estado dominicano y la Santa Sede que privilegia históricamente a la Iglesia católica con recursos públicos, prefieran sumarse a esta práctica inequitativa. Promover un proyecto de ley para adjudicarse un 2 % del ya deficitario Presupuesto General de la Nación constituye un contrasentido frente al principio de igualdad.

¿Debemos esperar entonces que en los próximos días los demás cultos, corrientes filosóficas, o las colectividades ateas y agnósticas —que abogamos por la laicidad estatal, la educación científica y la equidad ante la ley, amparados en los artículos 1 y 2 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos— exijamos también nuestra respectiva tajada del presupuesto nacional?

Dado que el liderazgo evangélico promueve la integridad y el cumplimiento estricto de las Escrituras bíblicas como guía de vida pública y privada, vale la pena examinar la viabilidad financiera interna de sus propias congregaciones.

Consideremos las cifras: de una población estimada en 10.4 millones de habitantes (Banco Mundial, 2013), aproximadamente el 18 % profesa la fe evangélica (Latinobarómetro, 2018), lo que equivale a unos 1,872,000 ciudadanos. Incluso si asumimos un escenario sumamente conservador —donde solo una cuarta parte de dicha población se encuentre empleada y perciba un salario mínimo de RD$11,000 al mes—, la masa salarial del sector superaría los RD$5,148 millones mensuales.

Si tan solo una fracción de estos creyentes cumpliera con el precepto bíblico del diezmo (recogido en pasajes como Levítico 27:30 o Malaquías 3:8-10), las iglesias evangélicas recaudarían, de manera directa y privada, decenas o cientos de millones de pesos cada mes.

En conclusión, la evidencia matemática demuestra que, si la comunidad evangélica ejerciera con coherencia el compromiso de fe que predica, sus iglesias figurarían entre las entidades privadas de mayor solidez financiera del país. Por tanto, no resulta razonable ni ético exigir que el Estado financie sus doctrinas particulares mediante el Presupuesto General de la Nación, especialmente en un país donde los recursos públicos no alcanzan para cubrir necesidades prioritarias como la salud, la educación y la seguridad social.